Responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional

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El pasado 2 de febrero de 2016, el Presidente de la República sancionó la Ley 1778 de 2016 “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción”.

Los principales asuntos regulados en esta norma son los siguientes:

  • Las personas jurídicas serán sancionadas administrativamente por la Superintendencia de Sociedades cuando por lo menos uno de sus empleados, contratistas, administradores o asociados den, ofrezcan o prometan sumas de dinero, un beneficio o utilidad, o cualquier objeto de valor pecuniario a un funcionario público extranjero para que realice, omita o retarde un acto relacionado con un negocio o una transacción internacional.
  • Las matrices que consientan o toleren dichos actos también serán responsables y sancionadas por la Superintendencia de Sociedades.
  • Las sanciones previstas aplican también para las sucursales de sociedades extranjeras,
    empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
  • Las sanciones no serán aplicables a la persona jurídica cuando los actos reprochables sean realizados por asociados que no detenten una posición de control en la sociedad.
  • En caso de que la sociedad sancionada se disuelva por fusión, la sociedad absorbente se
    hará acreedora de la sanción. De igual forma, si se escinde, las sociedades beneficiarias serán
    solidariamente responsables por la sanción.
  • La Superintendencia tendrá competencia para sancionar actos cometidos en el exterior,
    siempre y cuando la persona jurídica tenga domicilio en Colombia.
  • Las sanciones aplicables son:
  1. Multas de hasta 200.000 SMMLV equivalentes a COP $137.990.800.000 para el año 2016.
  2. Inhabilidad para contratar con el Estado por un término de hasta 20 años.
  3. Publicación de la sanción en medios de amplia circulación y en la página web de la sociedad por un término de hasta 1 año.
  4. Prohibición de recibir incentivos o subsidios del Gobierno por un término de 5 años.
  • Las sanciones deberán ser inscritas en el registro mercantil y reflejadas en el certificado
    de existencia y representación de la sociedad sancionada.
  • La facultad sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades tiene una
    caducidad de 10 años contados a partir de la comisión de la conducta.
  • Si los hechos objeto de la sanción administrativa son constitutivos de delito, falta
    disciplinaria u otro tipo de infracción, la Superintendencia de Sociedades informará a las autoridades correspondientes.
  • Las sanciones podrán ser exoneradas, total o parcialmente, si la sociedad infractora colabora oportunamente con la entrega de información pertinente.
  • La Superintendencia de Sociedades determinará las personas jurídicas obligadas a adoptar un programa de transparencia y ética empresarial, teniendo en cuenta criterios como el monto de activos, ingresos, número de empleados y objeto social.
  • Entre otras disposiciones, la ley modifica el artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, relativa a la responsabilidad de los revisores fiscales para incluir la obligación de estos de denunciar los actos de corrupción o delitos contra la administración pública.

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