Jurisprudencia HOY – Sentencias relevantes del Consejo de Estado del 15 de marzo al 4 de abril de 2016

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Sentencias relevantes del Consejo de Estado
15 de marzo –  4 de Abril / 2016

Sentencias:

  • No es procedente tomar el valor intrínseco como valor comercial en la enajenación de acciones preferentes o privilegiadas que solo confieren derecho a reembolso por su valor nominal
  • El Consejo de Estado definió el alcance de las inconsistencias entre la Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria, para efectos de la sanción por corrección, y la procedencia de la sanción reducida
  • En las respuestas a los requerimientos de información y dentro del proceso sancionatorio por no informar, no es procedente argumentar la ausencia de sujeción pasiva
  • Las bonificaciones extralegales expresamente excluidas por las partes como factor salarial no hacen parte de la base para calcular aportes parafiscales
  • El Consejo de Estado define responsabilidad de las sociedades fiduciarias respecto del impuesto predial en Bogotá


 

No es procedente tomar el valor intrínseco como valor comercial en la enajenación de acciones preferentes o privilegiadas que solo confieren derecho a reembolso por su valor nominal

Aunque el Consejo de Estado ha aceptado el valor intrínseco como valor comercial en la enajenación de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa, dicha interpretación no aplica para los casos en los que las acciones vendidas son preferentes o privilegiadas, en virtud de las cuales en el evento de liquidación confieren derechos a un reembolso del valor inicial de la inversión más un rendimiento con un límite cuantitativo, como quedó pactado estatutariamente, lo que pone en evidencia que el valor de la acción no depende del patrimonio neto de la sociedad.

Por lo anterior, si los recursos que reciben los accionistas al momento de la liquidación, no dependen de las utilidades, porque como lo advierte el artículo 381 del Código de Comercio en relación con las acciones privilegiadas, el reembolso para este tipo de acciones corresponde a su valor nominal, el valor recibido puede calcularse con fundamento en el patrimonio neto de la sociedad, que es el valor contable que se utiliza para calcular el valor intrínseco. De esta forma, el Consejo de Estado declaró que el precio de mercado o comercial no podía ser determinado con base en el patrimonio líquido de la sociedad receptora de la inversión y, en consecuencia, el valor comercial determinado por la DIAN mediante la utilización de un indicador financiero como es el valor intrínseco, es improcedente.

En conclusión, el valor de transferencia de las acciones no se determina con base en el valor intrínseco de las mismas sino que con base en los derechos que confiere la acción, conforme se haya pactado estatutariamente.

01 – Sentencia del 10 de marzo de 2016, Exp. 20922, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Edicto del 28 de marzo de 2016.

 


 

El Consejo de Estado definió el alcance de las inconsistencias entre la Declaración Informativa y la Documentación Comprobatoria, para efectos de la sanción por corrección, y la procedencia de la sanción reducida

Una de las inconsistencias que generan la sanción por corrección, es  la que se presenta entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o sus anexos, y la documentación comprobatoria. Teniendo en cuenta que el legislador no definió cuándo se presenta la falta de consistencia entre Declaración Informativa y sus anexos y la documentación comprobatoria, para el Consejo de Estado debe acudirse al sentido natural y obvio de la palabra consistencia. La Real Academia Española de la Lengua define la consistencia como “1. f. Duración, estabilidad, solidez. 2. f. Trabazón, coherencia entre las partículas de una masa o los elementos de un conjunto”. Así, existe inconsistencia cuando los datos y cifras de la Declaración Informativa y/o sus anexos no son sólidos o coherentes frente a los informados en la documentación comprobatoria. A manera de ejemplo, en el caso objeto de la discusión el Consejo de Estado consideró que se presentaban inconsistencias por diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias que hace parte de la documentación comprobatoria, y el estudio de precios de transferencia, que ocasionaban una operación faltante por registrar en la declaración informativa inicial. Para dicha Corporación, la corrección realizada por el contribuyente no se hizo para incluir una nueva operación, sino para subsanar las inconsistencias entre la declaración informativa y el formato 1125, frente a la documentación comprobatoria.

De otro lado, la sanción reducida debe liquidarse tomando como base la prevista en la ley y no la sanción que le determine la DIAN, si esta no es la que legalmente corresponde. De esta forma si la Administración impone una sanción que contraríe la ley, “no puede exigir al contribuyente que la sanción reducida se calcule con base en la sanción oficialmente determinada”. En consecuencia, “Lo imperativo es que la Administración imponga la sanción en los precisos términos que la ley lo ordena; si no actúa así, sino imponiendo su arbitrio, puede el informante, respetando la norma que le concede el beneficio de la sanción reducida, determinar la base de la sanción de acuerdo con la ley y con fundamento en dicha determinación, calcular el porcentaje de reducción de la sanción que en derecho corresponda”. Es decir, corresponde al demandante probar la base correcta sobre la cual proceden la sanción por no informar y la consiguiente reducción de esta.

02 – Sentencia del 17 de marzo de 2016, Exp. 21517, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Edicto del 4 de abril de 2016.

 


 

En las respuestas a los requerimientos de información y dentro del proceso sancionatorio por no informar, no es procedente argumentar la ausencia de sujeción pasiva

El contribuyente está obligado a presentar la información requerida por la Autoridad Tributaria aún cuando no se considere sujeto pasivo del impuesto sobre el cual se requiere. En las solicitudes de información no es posible argumentar la ausencia de la calidad de contribuyente para oponerse a entregar la información requerida pues las facultades de requerimiento de información se ejercen, precisamente, para establecer hechos como la sujeción pasiva a determinado tributo. Si con la información suministrada la Autoridad Tributaria considera que hay lugar a determinar el impuesto, será esa la oportunidad para controvertir la calidad de contribuyente. Por lo anterior, tampoco es oportuno discutir en el proceso sancionatorio si la actividad desarrollada por la sociedad está gravada o no, pues lo que se debate es si el obligado a informar, informó o no lo solicitado por la Administración.

03 – Sentencia del 10 de marzo de 2016, Exp. 19888, C.P. Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez. Edicto del 4 de abril de 2016.


 

Las bonificaciones extralegales expresamente excluidas por las partes como factor salarial no hacen parte de la base para calcular aportes parafiscales

El Consejo de Estado reiteró la posición fijada en la sentencia del 6 de agosto de 2014 (Exp. 20030) y expuso que los factores que no constituyen salario, y, dentro de estos, los beneficios o bonificaciones extralegales que expresamente se acuerden como no salariales, sean ocasionales o habituales, no hacen parte de la base del cálculo de los aportes parafiscales al ICBF. Ello porque la base de los aportes es la nómina mensual de salarios, es decir, “la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario”, como prevé el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.

Las bonificaciones ocasionales otorgadas por mera liberalidad del empleador no constituyen factor salarial por mandato legal (art 128 C.S.T.), sin que se requiera de acuerdo entre las partes y que, con fundamento en la misma norma y en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, tampoco son salario las bonificaciones o beneficios, -sean ocasionales o habituales-, siempre que sean extralegales y que las partes expresamente acuerden que no hacen parte del salario. Así pues, para que el empleador, como sujeto pasivo de la contribución por aportes parafiscales, pueda excluir de la base de los aportes (nómina mensual de salarios), las bonificaciones extralegales expresamente excluidas por las partes como factor salarial debe probar que acordó con sus trabajadores que tales beneficios no son constitutivos de salario.

Por otra parte, el Consejo de Estado confirmó que aunque el salario integral es la base para la remuneración de las vacaciones de los trabajadores que devengan ese salario, la base para el cálculo los aportes parafiscales es el 70%, por lo cual debe entenderse que respecto a las vacaciones la liquidación de los aportes parafiscales debe efectuarse teniendo en cuenta el 70% de las vacaciones pagadas.

04 – Sentencia del 17 de marzo de 2016, Exp. 21519, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Edicto del 4 de abril de 2016.


 

El Consejo de Estado define responsabilidad de las sociedades fiduciarias respecto del impuesto predial en Bogotá

El Consejo de Estado reiteró la posición respecto del principio de separación patrimonial de la fiduciaria y los patrimonios autónomos, al considerar que no se viola este principio ni derecho de defensa  aunque el mandamiento de pago se haya dirigido algunas veces a la fiduciaria directamente o como vocera de los patrimonios autónomos o con nombre invertido, ya que la fiduciaria se notificó personalmente del mandamiento de pago y pudo oponerse al mismo, y conoce que las obligaciones relacionadas con el pago del impuesto son con cargo a los patrimonios autónomos y otras con cargo a su propio patrimonio como los con las sanciones. La fiduciaria cumplió con la obligación formal de presentar las declaraciones de predial de los bienes administrados, pero al presentaras sin pago alegando que no contaba con los recursos para pagar el impuesto debía acreditar prueba de insuficiencia de fondos. Recuerda que la fiduciaria no es solidariamente responsable por el pago del impuesto predial, ya que lo procedente es la responsabilidad subsidiaria a cargo del beneficiario del fideicomiso en caso de no existir fondos en el fideicomiso para pagar el impuesto.

05 – Sentencia del 10 de marzo de 2016, Exp. 19972, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Edicto del 4 de abril de 2016

06 – Sentencia del 17 de marzo de 2016, Exp. 19811, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Edicto del 4 de abril de 2016

 


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