Competencia de la Superintendencia de Sociedades sobre actos de corrupción transnacional

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Mediante Oficio 220-070406 del 20 de abril de 2016, la Superintendencia de Sociedades se pronunció sobre su competencia en relación con los actos de corrupción transnacional de las personas jurídicas, en los términos de la Ley 1778 de 2016.

Según lo establecido en el Artículo 2 de la ley, las personas jurídicas serán sancionadas administrativamente por la Superintendencia de Sociedades cuando, por medio de uno o varios empleados, contratistas, administradores o asociados propios o de cualquier persona jurídica subordinada, den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, directa o indirectamente, sumas de dinero, un beneficio o utilidad o cualquier objeto de valor pecuniario, para que realice, omita o retarde un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o una transacción internacional.

La Superintendencia es competente sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera, presuntamente responsable, esté domiciliada en Colombia. De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia precisó que, en ejercicio de su competencia, podrá sancionar a:

  • Las personas jurídicas domiciliadas en Colombia (y de acuerdo con la ley, a las sucursales de sociedades colombianas que operen en el exterior);
  • Las sociedades subordinadas o sucursales de sociedad extranjera domiciliadas en Colombia;
  • Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices, según lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, y a sus subordinadas en el exterior, en el evento de que incurran en alguna de las conductas señaladas en la ley, con el consentimiento o la tolerancia de la matriz.

Recordamos que la Superintendencia puede imponer una o varias de las siguientes sanciones:

  • Multas de hasta 200.000 SMMLV equivalentes a COP $137.990.800.000 para el año 2016;
  • Inhabilidad para contratar con el Estado por un término de hasta 20 años;
  • Publicación de la sanción en medios de amplia circulación y en la página web de la sociedad por un término máximo de 1 año;
  • Prohibición de recibir incentivos o subsidios del Gobierno por un término de 5 años.

Estas sanciones se graduarán atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

  • El beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor;
  • La mayor o menor capacidad patrimonial del infractor;
  • La reiteración de conductas;
  • La existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción al interior de la empresa;
  • Haber realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo a un proceso de fusión, escisión, reorganización o adquisición del control en el que esté involucrada la sociedad que cometió la infracción.

 

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