Alcance de la información que debe contener la documentación comprobatoria de Precios de transferencia

TAXAlert

La Sentencia 050012333000201301113 01 (21782) del 30 de agosto de 2016, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el proceso de Minera el Roble S. A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), constituye un precedente importante sobre el alcance de la información que debe contener la documentación comprobatoria.

Las circunstancias que rodean el caso debatido aluden al desconocimiento por parte de la Administración Tributaria de la forma como fueron subsanadas algunas inconsistencias en la documentación comprobatoria presentada por la demandante para el año gravable 2007, con el fin de acceder a la sanción reducida de que trataba el artículo 260-10 del Estatuto Tributario, actualmente artículo 260 – 11 del mismo Estatuto.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, estableciendo que la demandante había cumplido con la totalidad de los requisitos para considerar que la documentación comprobatoria cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 4349 de 2004.

No obstante, el Consejo de Estado arribó a la conclusión opuesta y revocó la sentencia de primera instancia, sosteniendo que encontró probadas la ausencia e inconsistencia de la información constitutiva de la documentación comprobatoria en los siguientes aspectos:

1. No encontró el análisis funcional del vinculado económico o parte del exterior por cada tipo de operación analizada

2. Tampoco se relacionaron los riesgos involucrados en la transacción

3. Ni los activos asociados a la operación analizada. Todos estos requisitos son exigidos, en su momento, por el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 4349 de 2004 y reiterado en estos aspectos por el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 3030 de 2013, hoy vigente.

El Consejo de Estado precisa que debe existir “(…) un análisis funcional por cada operación, que requiere de la información específica que detalle las funciones realizadas por los extremos de la transacción (partes vinculadas), tomando en consideración los activos y riesgos involucrados en la misma.

 Lo anterior, resulta relevante para fijar el método a aplicar, que además de ser acorde con la operación realizada, debe permitir su comparación con otras operaciones de libre mercado, como desarrollo del principio de plena competencia. 

Por ello, la norma exige que el análisis funcional contenga, como mínimo, la siguiente información:

1. que por cada tipo de operación, se describan brevemente las funciones desarrolladas por las partes implicadas en la transacción, precisando la relevancia económica que las mismas imprimen en términos de frecuencia, naturaleza y remuneración;

2. Que contenga la clasificación de los activos utilizados por las partes en las operaciones y,

3. El análisis de los riesgos involucrados en el tipo de operación realizada (…)”

 Adicionalmente, advierte el Consejo de Estado que “(…) la información específica exigida por la norma no se puede confundir con la información general de las partes de la negociación (…) que permite identificar las partes intervinientes en la transacción, la forma de vinculación, el tipo de operación y las condiciones contractuales, entre otros aspectos, [mientras que] la información específica contiene el análisis funcional de cada tipo de operación, en términos de funciones o actividades desarrolladas por las partes, activos utilizados y riesgos asumidos, circunstancias que inciden directamente en la determinación del margen de utilidad obtenido en la operación. (…)”. (Subrayado fuera de texto).

Cabe aclarar que el Consejo de Estado hace énfasis en que la descripción debe hacerse de forma específica y suficiente de las funciones de ambas partes participantes en la operación (independientemente de si una de ellas no es la parte analizada) que inciden de forma relevante en la determinación de la periodicidad, naturaleza y remuneración obtenida en cada operación.

Es importante revisar algunos aspectos que no fueron objeto de discusión en la controversia, tales como el acceso que tiene el contribuyente colombiano a la información de los otros partícipes en las operaciones objeto de prueba, ¿qué ocurre cuando es un tercero independiente ubicado en un paraíso fiscal y qué alcance puede tener cuando el método aplicado es el Precio Comparable no controlado donde técnicamente no hay parte en prueba? O ¿cuáles son la implicaciones de sancionar a un contribuyente por no suministrar información que en sentido estricto no es de su propiedad y a la que legalmente no tiene acceso?

En síntesis más allá de estar o no de acuerdo con la argumentos del Consejo de Estado, es claro que hay una invitación expresa a re-visitar algunos temas de los análisis funcionales que se están aportando en los estudios de precios de transferencia por cuanto y como hemos manifestado en otras ocasiones el análisis funcional es la primera prueba que aporta el contribuyente en un proceso de discusión.

 

Estamos atentos a aclarar cualquier duda que pueda suscitarse al respecto.

 

Si necesita información adicional o asesoría en alguno de estos servicios, por favor no dude en contactarnos. Teléfono: 4847000 y Fax: 4847474.

Andrés Parra
Socio de Impuestos de Transferencia
andres.parra@co.ey.com

José E. Guarín
Socio de impuestos y Precios de Transferencia
jose.guarin@co.ey.com

Mónica Piedrahita
Directora ejecutiva de Precios de transferencia
monica.piedrahita@co.ey.com


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