Supersociedades modifica su interpretación sobre el lugar de residencia del mandatario general de una sucursal de sociedad extranjera

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A través del Oficio 220-218588 del 9 de diciembre del 2016, la Superintendencia de Sociedades (“SS”) modificó su posición en relación con el lugar de residencia que debe tener el mandatario general de una sucursal de sociedad extranjera establecida en el país.

En este Oficio, la SS expone que los asuntos relacionados con el mandatario general de las sucursales de sociedades extranjeras están sujetos a las estipulaciones del estatuto mercantil, y advierte que éste faculta a cualquier sociedad del exterior para emprender negocios de manera permanente en Colombia, pero no impone la condición de que el mandatario resida en el país, ni prohíbe que resida en un lugar diferente. Se concluye entonces que, si la regulación mercantil no contempla requisitos específicos en cuanto a la calidad de la persona, ni el lugar del domicilio o residencia del mandatario general de la sucursal, es claro que no existe restricción de carácter legal para que éste tenga domicilio fuera del país.

Con este Oficio, la SS modifica la posición planteada en el Oficio 220-047982 del 29 de febrero de 2016, en el cual estableció que el mandatario general de una sucursal extranjera debía tener su domicilio en Colombia. Esto, considerando que la Sentencia del Consejo de Estado[1] base de su conclusión, se fundamentó principalmente en las disposiciones contenidas en Código de Procedimiento Civil, particularmente el Artículo 48, así como en las reglas previstas en los artículos 471 y siguientes del Código de Comercio. Con lo anterior, toda vez que el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil fue derogado por el artículo 58 del Código General del Proceso, la SS considera que debe reevaluar su posición, concluyendo que lo relativo a las sucursales de sociedad extranjera se rige exclusivamente por lo previsto en las normas mercantiles, las cuales no establecen restricción legal alguna para que el mandatario general de una sucursal resida fuera del país.

 

[1] Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 6 de agosto de 1985, Consejero Ponente Eduardo Suescun Monroy.

 

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