Boletín para el sector financiero EY. Novedades febrero 2018

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1. Proyecto de decreto por medio del cual se modifica la regulación prudencial en materia de límites de exposición, concentración y gestión de riesgos de los conglomerados financieros.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto para comentarios, mediante el cual se busca modificar el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la regulación prudencial en materia de límites de exposición, concentración y gestión de riesgos de los conglomerados financieros.

Lo anterior, bajo la consideración de que era necesario adecuar la normatividad local a los estándares regulatorios internacionales, con el fin de mitigar las exposiciones de riesgo de los establecimientos de crédito, permitiendo disminuir las posibles pérdidas que dichas entidades podrían tener en caso de incumplimiento de una contraparte e incrementar a su vez la capacidad de respuesta.

Así mismo, mediante el proyecto de decreto se busca establecer los criterios para determinar la calidad de vinculados al conglomerado financiero, y a su vez los criterios y mecanismos para que las entidades pertenecientes al conglomerado financiero identifiquen, administren y revelen los conflictos de interés entre estas y sus vinculados.

Al respecto, el proyecto de decreto establece un régimen de transición, en virtud del cual, las entidades que componen el conglomerado dispondrán de 1 año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del mismo, para ajustar las exposiciones que tengan, para lo cual deberán presentar con anterioridad al 30 de septiembre de 2018 a la Superintendencia Financiera de Colombia, el plan de acción que implementarán para cumplir lo estipulado con el nuevo Decreto.


2. Doctrina Ministerio de Hacienda: Los fondos de capital privado al corresponder a vehículos de inversión no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.

Mediante Concepto 41198 del 01 de diciembre de  2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda se pronunció frente a la consulta de si los fondos de capital privado o los inversionistas que realizan operaciones mediante ellos son contribuyentes del impuesto de industria y comercio.

Sobre el particular, la Dirección General de Apoyo Fiscal consideró que los fondos de capital privado no son sujetos pasivos del impuesto, toda vez que los mismos corresponden a vehículos de inversión integrados por el aporte de un número plural de inversionistas, los cuales son administrados por una sociedad administradora, de tal manera que no cumplen con la definición de sujetos pasivos del impuesto, según las normas legales vigentes.

En ese orden de ideas, se concluyó que los fondos de capital privado se encuentran ante una imposibilidad de realizar el hecho generador del impuesto de industria y comercio, esto es, el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en una jurisdicción municipal.

Por el contrario, en relación con las actividades realizadas por los inversionistas en los fondos de capital privado, se señaló que aquellas sí pueden llegar a constituir una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, al igual que aquellas desarrolladas por la sociedad administradora y el gestor del fondo de capital privado.

En relación con los ingresos de los inversionistas, el citado concepto señala que los ingresos del fondo son distribuidos al inversionista bajo el mismo título con el que los haya recibido el fondo, y bajo las mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente por el inversionista del fondo.


3. Doctrina DIAN: los ingresos percibidos por los patrimonios autónomos están sujetos a retención en la fuente.

De conformidad con el Concepto 033228 del 12 de diciembre de 2017 expedido por la Administración Tributaria (DIAN), los ingresos percibidos por los patrimonios autónomos se encuentran sujetos a retención en la fuente, toda vez que los mismos no se encuentran excluidos de dicha obligación de acuerdo con el artículo 369 del Estatuto Tributario, según la interpretación de la DIAN.

Para el efecto, señaló la DIAN que es necesario diferenciar los casos en los que el patrimonio autónomo posee un NIT individual o no. Así, en el primer caso, la retención a que haya lugar deberá ser practicada al patrimonio autónomo por parte del agente retenedor. Por el contrario, en caso de que el patrimonio autónomo no posea un NIT individual, la correspondiente retención deberá ser practicada por la fiduciaria administradora del patrimonio autónomo.

Por otra parte, frente a la consulta de si es procedente la retención en la fuente en la venta a una persona jurídica de un bien inmueble propiedad de un fideicomiso no contribuyente, la Administración Tributaria señaló que la retención en la fuente deberá practicarse en la fecha de la escritura pública, teniendo en cuenta que en dicho momento se entiende realizado el ingreso de acuerdo al numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario.


4.  La adquisición por parte de un no residente de un activo definido como inversión de capitales del exterior, derivada de la entrega de ahorros en moneda legal colombiana que poseen los no residentes en el país, no constituye inversión directa de capitales del exterior en Colombia susceptible de registro ante el Banco de la República.

Mediante el Concepto 26078 del 6 de diciembre de 2017, el Banco de la República analizó una consulta relacionada con la forma en cómo podía ser justificada la posesión en Colombia de sumas de dinero en moneda legal colombiana que se encontraran fuera de una cuenta bancaria, con el objetivo de realizar una operación de inversión extranjera en el país.

Frente a lo anterior, el Banco de la República señaló que de acuerdo con el Decreto 119 de 2017, modificatorio del Régimen de las inversiones internacionales (Decreto 1068 de 2015), la inversión de capitales del exterior en Colombia es toda aquella que se realice sobre los activos listados en la anterior normatividad, siempre que hayan sido adquiridos por un no residente a cualquier título, en virtud de un acto, contrato u operación lícita.

Por otra parte, en virtud de artículo 7 de la Resolución Externa No. 8 del Banco de la República, las inversiones de capital del exterior en el país deben canalizarse a través del mercado cambiario.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los recursos en moneda legal colombiana poseída por un no residente en el país no fueron canalizados por medio del mercado cambiario, la adquisición por parte de un no residente de un activo que clasifique como inversión de capitales del exterior, con ocasión de la entrega de recursos, no podrá constituir inversión directa de capitales del exterior en Colombia susceptible de registro ante el Banco de la República.


5. Colombia e Italia suscriben Acuerdo para evitar la Doble Tributación

El pasado 26 de enero de 2018, el Gobierno colombiano firmó un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación con el Gobierno italiano con el fin de incentivar la inversión extranjera directa en Colombia.

Dicho Acuerdo tiene como principal objetivo evitar que la doble tributación, a falta del convenio, constituya un obstáculo a los flujos de rentas y a los movimientos de capital, bienes, servicios y personas de un Estado a otro, además que el mismo Acuerdo contrarresta la incertidumbre para los inversionistas, que surge por la constante modificación de las reglas tributarias en cada Estado.

Así mismo, destacamos que el nuevo Acuerdo para evitar la doble imposición sigue tanto el modelo de la OCDE como el de las Naciones Unidas, encontrándose en la misma línea de los Convenios suscritos con Francia y el Reino Unido.


6.  Proyecto de resolución por medio del cual se reglamenta las obligaciones relacionadas con el intercambio automático de información.

De conformidad con el artículo 631-4 del Estatuto Tributario (adicionado por la Ley 1819 de 2016 – Reforma Tributaria), se encuentra en cabeza del Director General de la DIAN la definición mediante resolución de las entidades que se encuentran obligadas a suministrar información, para efectos de cumplir con los compromisos internacionales en materia de intercambio automático de información.

Dentro de los compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia de intercambio de información se encuentran, entre otros, (i) el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional e Implementar el Intercambio Automático de Información respecto a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (FATCA), y (ii) “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CRS).

El Acuerdo relativo a FATCA y la Convención relacionada con CRS fueron reguladas por la Resolución No. 60 de 2015 y Resolución No. 119 de 2015, respectivamente, en cuanto al contenido y características técnicas para la presentación de la información objeto de intercambio.

Por lo anterior, mediante el proyecto de regulación se busca que la Resolución No. 60 de 2015 y la Resolución No. 119 de 2015 funjan como la resolución de que trata el artículo 631-4 del Estatuto Tributario, por lo que se entiende que las entidades a las que se refiere el artículo 634-1 del ET son las entidades mencionadas en las citadas resoluciones No. 60 y 199 de 2015, y adicionalmente el procedimiento de debida diligencia a que se refiere el mencionado artículo corresponderá a aquellos que ya se encuentran definidos en las anteriores Resoluciones para cada tipo de reporte.


7. Doctrina DIAN: las entidades cooperativas de ahorro y crédito como instituciones de depósito se encuentran en principio obligadas a reportar información en virtud del Acuerdo FATCA

 Mediante Oficio 029743 del 2 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria (DIAN), se pronunció frente a la consulta de si las cooperativas de ahorro y crédito como instituciones de depósito, se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en el Acuerdo de intercambio automático de información de FATCA.

Al respecto, la DIAN señaló que de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución No. 060 de 2015, la expresión Institución Financiera incluye, entre otras, las instituciones de depósitos, significando esta cualquier Entidad que acepte depósitos en el curso ordinario de su actividad bancaria, financiera o similar.

Así, consideró la Administración Tributaria que al incluir la expresión Institución Financiera la categoría de instituciones de depósito, la cual a su vez comprende a las cooperativas de ahorro y crédito, en principio estas últimas se encontraran obligadas a dar cumplimiento a la regulación relacionada con FATCA, siempre y cuando no se encuentre dentro de alguno de los supuestos de exclusión de esta obligación a que se refiere la Resolución No. 060 de 2015.


8. Doctrina DIAN: por la cual se resuelven diferentes inquietudes relacionadas con el intercambio automático de información al amparo de CRS.

 Mediante Concepto 24262 del 8 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria (DIAN), respondió diferentes inquietudes relacionadas con el intercambio automático de información al amparo de FATCA y CRS.

Sobre el particular resaltamos que de acuerdo con lo señalado por la DIAN, las Instituciones Financieras deben realizar el mayor esfuerzo posible para obtener información de sus cuentahabientes, por lo que no es posible basarse únicamente en las auto-certificaciones que se les entregue cuando tengan motivos para determinar que las mismas son incorrectas o no fiables.

En ese contexto existirán casos en los que se requiera realizar una búsqueda a través de fuentes públicas de información, lo cual corresponde a cualquier fuente a la que tenga acceso o de la que tenga conocimiento por fuera de sus archivos físicos y/o digitales, tales como; información de los entes de control y vigilancia, centrales de riesgo, aquella que posea la DIAN, entre otras.

Una vez se haya realizado la búsqueda exhaustiva de la información, sin encontrar indicios de que el cuentahabiente es una persona reportable, la Institución Financiera podrá concluir de manera razonable que dicha persona no debe ser objeto de reporte, de lo cual deberá guardar evidencia que demuestre la trazabilidad de las consultas realizadas con las fechas de las mismas, y en general todo el soporte que demuestre la realización del proceso de debida diligencia.

Finalmente resaltamos que de acuerdo a las consideraciones de la Administración Tributaria, el proceso de debida diligencia realizado para efectos de FATCA, no suple la auto-certificación de los cuentahabientes que se exige para efectos de CRS, pues aun cuando los mismos se pueden complementar, no se debe perder de vista que al tener un objeto distinto y regulaciones propias – FATCA y CRS –, las exigencias establecidas para cada una de ellas puede variar.

 

Si necesita más información acerca del sector financiero, no dude en comunicarse con nosotros al teléfono (1) 484 7000 en Bogotá.

Cordialmente,

Jaime Vargas, socio director de Impuestos. jaime.c.vargas@co.ey.com

Ricardo Ruiz, socio de Impuestos. ricardo.ruiz@co.ey.com

Camilo Garavito, gerente senior de Impuestos. camilo.garavito@co.ey.com

Jose Rivera, gerente de Impuestos. jose.h.rivera@co.ey.com

Karina Enciso, gerente de Impuestos, karina.enciso@co.ey.com